José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas aparecen como figuras centrales de un entramado empresarial que obtuvo contratos millonarios con organismos electorales. Investigaciones oficiales y periodísticas señalan posibles prestanombres, simulación de competencia y vínculos con funcionarios del INE.
Una investigación sobre contrataciones de material electoral ha puesto bajo escrutinio a dos empresarios con antecedentes en las instituciones de seguridad del Estado mexicano: José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Los hermanos aparecen vinculados a un grupo de siete empresas que, de acuerdo con información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, recibieron contratos por aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos de organismos electorales locales entre 2015 y 2025.
El caso involucra señalamientos sobre posibles prestanombres, transferencias de acciones, representantes legales relacionados con funcionarios electorales y mecanismos que habrían permitido simular competencia en procedimientos de contratación.
Las revelaciones han provocado cuestionamientos sobre las administraciones del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente las encabezadas por Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei.
Sin embargo, la información disponible también revela un elemento fundamental: los vínculos empresariales investigados comenzaron mucho antes de ambas presidencias del organismo.
¿Quiénes son los hermanos Hernández Casillas?
José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas iniciaron su trayectoria profesional en instituciones del gobierno federal durante la década de 1980.
De acuerdo con la investigación presentada el 5 de noviembre por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ambos trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Entre 1983 y 1988, José Alfredo se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Renapo.
Por su parte, Raymundo trabajó en el área de Recursos Financieros y Materiales de la institución.
En 1989, cuando Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), José Alfredo se incorporó como su secretario particular y Raymundo ingresó al área de Investigaciones.
Este antecedente resulta relevante porque muestra que ambos empresarios tuvieron experiencia dentro de instituciones federales antes de consolidar sus actividades como proveedores electorales.
No obstante, haber trabajado en dichas dependencias no constituye evidencia de irregularidades en sus posteriores negocios.
De funcionarios públicos a proveedores de elecciones
La relación de los Hernández Casillas con la industria de materiales electorales se remonta a finales de la década de 1980.
Según la reconstrucción oficial, en 1988 se constituyó Cartonera Plástica, una de las primeras empresas vinculadas con el grupo.
Posteriormente, en 1992 surgió Formas Finas Fernando Fernández, relacionada con Raymundo Francisco Hernández Casillas.
En 1999, Cartonera Plástica participó como proveedora electoral en el Estado de México.
Para 2005, la compañía obtuvo un contrato por aproximadamente 63.7 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de México.
Ese año se registraron denuncias por presuntas irregularidades y sobornos relacionadas con contrataciones electorales, en un episodio que derivó en la renuncia de siete consejeros del organismo local.
La expansión empresarial continuó durante los años siguientes, particularmente mediante sociedades dedicadas a fabricar o comercializar urnas, mamparas, cajas y otros materiales utilizados durante las elecciones.
Siete empresas bajo la lupa
Una investigación de El Universal, publicada este 9 de noviembre, identificó siete compañías relacionadas con el entramado empresarial de los Hernández Casillas.
Las sociedades señaladas son:
- Cajas Graf
- Corporativo Zeg
- Comercializadora JVLY
- Formas Finas y Materiales
- Seriplast de México
- Comercializadora Grupo Selati
- Formas Finas Fernando Fernández
De acuerdo con la revisión de registros mercantiles, varias de estas empresas experimentaron cambios de representantes legales, otorgamientos de poderes y cesiones de acciones.
La investigación periodística sostiene que estos movimientos podrían haber permitido que personas vinculadas con un mismo grupo empresarial participaran en procedimientos de contratación mediante sociedades aparentemente independientes.
El punto central de las indagatorias consiste en determinar si esas compañías competían realmente entre sí o si existieron acuerdos previos para influir en los resultados de las licitaciones.
Cajas Graf: una empresa que terminó vinculada con Raymundo Hernández
Cajas Graf fue constituida en julio de 1993 por Salvador Luis Morett y Alejandra Ortiz González, según los antecedentes presentados por la Secretaría Anticorrupción.
En diciembre de 2021, Víctor Hugo Aguilar Macalpin, entonces representante legal de la compañía, otorgó poderes y cedió acciones a Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La operación quedó registrada ante una notaría del Estado de México.
Este movimiento forma parte de los registros analizados para reconstruir la participación de los hermanos en las distintas sociedades proveedoras.
Cajas Graf destaca también por el volumen de sus operaciones: una revisión publicada por La Jornada identificó contratos por al menos 656.6 millones de pesos relacionados con la compañía.
Corporativo Zeg: poderes legales y funcionarios electorales
Corporativo Zeg fue constituida en diciembre de 2015 por Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez.
En 2017, la empresa otorgó un poder de representación a Raymundo Francisco Hernández Casillas para realizar operaciones financieras y participar en procedimientos relacionados con contratos públicos.
Sin embargo, existe una circunstancia particular.
En 2024, Raymundo solicitó dejar sin efecto su representación y, de acuerdo con el registro notarial citado por El Universal, manifestó que no había tenido conocimiento del poder otorgado a su favor.
La revisión periodística también identificó que, en junio de 2023, Corporativo Zeg registró a varios representantes legales en una misma fecha.
Entre ellos aparecen Jesús Octavio García González, quien posteriormente ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien desempeñó funciones durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
Estos vínculos han generado preguntas sobre posibles conflictos de interés entre proveedores y funcionarios electorales.
La existencia de poderes de representación, por sí sola, no determina una responsabilidad penal; es necesario establecer su vigencia, utilización y relación con las decisiones de contratación.
Seriplast y la participación de familiares
Otra empresa relevante es Seriplast de México, constituida en septiembre de 2008 en Tonalá, Chiapas.
Entre sus socios fundadores figuró Patricia Velázquez Sánchez, identificada en las investigaciones oficiales como esposa de José Alfredo Hernández Casillas.
Posteriormente, la empresa incorporó a otros socios y representantes, entre ellos Raymundo Francisco Hernández Casillas y familiares de José Alfredo.
Los nombres de Raymundo Hernández Velázquez y Tatiana Patricia Hernández Velázquez aparecen también relacionados con otras sociedades del grupo.
De acuerdo con la información presentada por Raquel Buenrostro, Tatiana Patricia participa en cuatro empresas, mientras que Raymundo Francisco tiene vínculos con cuatro de las sociedades analizadas.
La participación de familiares en diversas compañías es legal en sí misma. La cuestión investigada es si esas relaciones se utilizaron para simular independencia entre participantes de las licitaciones.
¿Cómo llegaron a contratos por 2 mil 740 millones de pesos?
La Secretaría Anticorrupción presentó una reconstrucción de las adjudicaciones identificadas mediante información pública.
La primera etapa corresponde principalmente a los años en los que Lorenzo Córdova encabezó el INE, mientras que la segunda coincide con la presidencia de Guadalupe Taddei.
Es importante señalar que las cifras corresponden a contratos adjudicados por Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no exclusivamente a contrataciones directas del INE.
La diferencia es relevante para determinar qué autoridades aprobaron cada procedimiento y quiénes tenían facultades de supervisión.
La presunta simulación de competencia
Uno de los principales señalamientos presentados por la Secretaría Anticorrupción es que varias empresas relacionadas con los mismos beneficiarios participaban en licitaciones como si fueran competidoras independientes.
Según la explicación oficial, las compañías podían presentar distintas ofertas económicas mientras sus integrantes conocían previamente los precios y las condiciones de las demás participantes.
Este mecanismo habría permitido determinar anticipadamente cuál sociedad ofrecería el precio más bajo.
Si se demuestra, una práctica de esta naturaleza podría constituir una irregularidad grave en los procedimientos de contratación pública.
La Secretaría también señaló posibles operaciones de dispersión de recursos hacia otras compañías, por lo que resulta necesario identificar a los beneficiarios finales y el destino de los pagos.
Estas afirmaciones forman parte de los hallazgos preliminares presentados por el gobierno federal y requieren corroboración mediante los procedimientos de fiscalización e investigación correspondientes.
Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova: ¿qué responsabilidades se investigan?
El caso ha provocado un enfrentamiento político sobre las responsabilidades de las anteriores administraciones electorales.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el entramado empresarial no surgió durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tenía antecedentes de varias décadas.
También cuestionó el crecimiento de las contrataciones durante el periodo en que Lorenzo Córdova presidió el INE.
Sin embargo, la información presentada por el gobierno no excluye la revisión de las contrataciones realizadas durante la administración de Taddei.
La propia presidenta señaló que cualquier posible conducta ilegal debe ser investigada por las autoridades competentes, independientemente de quién haya encabezado la institución.
El punto central será determinar qué funcionarios intervinieron en cada adjudicación, cuáles eran sus atribuciones y si conocían posibles vínculos entre las empresas participantes.
No existe fundamento para atribuir automáticamente responsabilidad penal a los expresidentes del organismo por el simple hecho de haber ocupado el cargo durante los periodos revisados.
UIF, SAT y Auditoría: las investigaciones financieras
La Secretaría Anticorrupción informó que distintas autoridades han revisado información sobre las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
Entre las instituciones involucradas en las revisiones se encuentran el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Las investigaciones buscan esclarecer la estructura empresarial, los procedimientos de contratación y los movimientos financieros relacionados con las compañías.
La Secretaría explicó que las posibles sanciones administrativas e inhabilitaciones requieren procedimientos específicos y deben respetar las competencias de cada autoridad.
Por ello, las denuncias, revisiones y medidas preventivas no deben confundirse con sentencias o resoluciones definitivas.
La crisis laboral del INE se suma a los cuestionamientos
Las revelaciones sobre contrataciones coinciden con un conflicto laboral dentro del Instituto Nacional Electoral.
Este lunes 9 de noviembre, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana fueron convocados a protestar por sus condiciones salariales y laborales.
Los inconformes consideran insuficiente la propuesta de incremento salarial del 6% que el organismo planteó aplicar a determinados niveles de personal a partir de enero de 2027.
La coincidencia de ambos acontecimientos ha reabierto la discusión sobre el uso de recursos públicos, la contratación de proveedores y las condiciones del personal encargado de atender a la ciudadanía.
No obstante, el conflicto salarial y las investigaciones empresariales son procesos distintos, por lo que no debe suponerse que uno sea consecuencia directa del otro.
El contexto: una red empresarial que atravesó varias administraciones
La investigación permite observar que las contrataciones señaladas abarcan diferentes periodos políticos y distintas estructuras de autoridad electoral.
Los antecedentes comienzan en instituciones federales de la década de 1980, continúan con proveedores de materiales electorales en los años noventa y se extienden hasta contratos adjudicados durante 2025.
Esta trayectoria obliga a revisar los procedimientos de contratación sin limitar el análisis a una sola administración.
También plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de identificación de beneficiarios reales, prevenir conflictos de interés y garantizar competencia efectiva entre proveedores.
¿Qué sigue en las investigaciones?
Los próximos pasos deberán centrarse en revisar expedientes de contratación, registros mercantiles, facturación, pagos y posibles relaciones entre funcionarios y representantes empresariales.
La Auditoría Superior de la Federación y las autoridades competentes tendrán que determinar si existieron incumplimientos administrativos o hechos que ameriten denuncias penales.
Asimismo, será necesario establecer si los bienes contratados fueron entregados, si sus precios correspondían al mercado y si las adjudicaciones respetaron las disposiciones aplicables.
La cifra de 2 mil 740 millones de pesos corresponde al valor aproximado de contratos identificados, no a una cantidad comprobada como desvío de recursos públicos.
Conclusión: el dinero de las elecciones también debe rendir cuentas
El caso de los hermanos Hernández Casillas muestra la importancia de supervisar no solamente los resultados electorales, sino también los recursos utilizados para organizar los comicios.
La participación de empresas relacionadas entre sí, los cambios de representantes legales y los posibles vínculos con funcionarios públicos justifican una revisión exhaustiva y transparente.
Pero las investigaciones también deben respetar la presunción de inocencia y distinguir entre los señalamientos, las irregularidades demostradas y las responsabilidades legalmente acreditadas.
El desafío para las autoridades es esclarecer cómo se adjudicaron miles de millones de pesos en materiales electorales, quiénes fueron los beneficiarios reales y si existieron mecanismos que limitaron la competencia.
De cara a las elecciones de 2027, la transparencia en las contrataciones será un componente fundamental de la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
Redacción Contexto 360 MX
Fuentes consultadas
- Presidencia de la República — Origen del grupo empresarial de los hermanos Hernández Casillas, 5 de noviembre de 2026
- Presidencia de la República — Versión estenográfica de la conferencia del 5 de noviembre de 2026
- El Universal, vía Pulso — Empresas del clan Taddei usaban prestanombres, 9 de noviembre de 2026
- La Jornada — Desde 2018, Hernández Casillas recibió contratos millonarios del INE, 26 de octubre de 2026
- Sonora Presente — El esquema de contratos electorales que creció desde Sonora, 6 de noviembre de 2026
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