Diputados aprueban penas de hasta 25 años por reclutamiento forzado: la reforma pasa al Senado

Medidas contra el reclutamiento y protección de menores

Con 419 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados avaló una reforma. Esta reforma sanciona el reclutamiento de personas por organizaciones criminales. Además, protege a niñas, niños y adolescentes y aplica 25 AÑOS DE PRISIÓN POR RECLUTAMIENTO FORZADO.

Ciudad de México, 22 de octubre de 2026. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la legislación en materia de trata de personas para establecer sanciones específicas contra quienes recluten personas para incorporarlas a grupos delictivos o a la delincuencia organizada.

Condena por reclutamiento forzado

El dictamen recibió respaldo el 20 de octubre con 419 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención. Asimismo, las penas ascienden a 25 AÑOS DE PRISIÓN POR RECLUTAMIENTO FORZADO. Además, se aplicarán cuando el reclutamiento se realice mediante amenazas, intimidación, violencia, coacción o abuso de poder.

La propuesta fue enviada al Senado de la República, donde deberá continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una disposición vigente.

El contexto

El reclutamiento de personas por organizaciones criminales se ha convertido en una preocupación.

Además, es una prioridad para autoridades, organizaciones civiles y familias mexicanas.

Las formas de captación pueden incluir falsas promesas de empleo, mensajes en redes sociales, engaños, amenazas o el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.

Durante la discusión legislativa, diputados de distintos partidos señalaron que la ausencia de un tipo penal específico ha dificultado investigar y sancionar estas conductas de manera uniforme.

En algunos casos, los hechos se investigan bajo figuras jurídicas como trata de personas, corrupción de menores, secuestro o delincuencia organizada.

La reforma busca incorporar una clasificación específica del reclutamiento criminal dentro de la legislación federal.

¿Qué establece la reforma?

El dictamen modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas e incorpora un capítulo denominado Del Reclutamiento Forzado de Personas.

Las sanciones propuestas dependen de las circunstancias en las que ocurra el reclutamiento.

ConductaPena de prisión propuesta
Captar, inducir o incorporar personas a grupos delictivosDe 10 a 20 años
Reclutamiento mediante amenazas, violencia, intimidación, coacción o abuso de poderDe 15 a 25 años
Circunstancias agravantes específicasIncrementos adicionales conforme al dictamen

También se contemplan multas económicas y agravantes cuando las víctimas pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentran en situación de movilidad humana o cuando los responsables tienen determinadas funciones o antecedentes en instituciones de seguridad.

Protección especial para niñas, niños y adolescentes

Uno de los elementos centrales del proyecto es que reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales será considerado.

Además, independientemente de los medios utilizados para su captación, se mantendrá como forzado.

Esta disposición busca reconocer la situación de vulnerabilidad de los menores frente a organizaciones delictivas.

La reforma también contempla medidas relacionadas con la protección de sus derechos y la atención de los casos conforme a la legislación aplicable.

Durante el debate, legisladores señalaron que algunos menores son incorporados a actividades criminales mediante engaños o amenazas, mientras que otros enfrentan condiciones de violencia y marginación que aumentan su exposición al riesgo.

Falsas ofertas de trabajo y redes sociales

El dictamen reconoce que el reclutamiento puede realizarse mediante medios electrónicos, impresos o cualquier otro mecanismo.

Esto resulta relevante ante la utilización de anuncios laborales engañosos y mensajes digitales para contactar a posibles víctimas.

La propuesta no considera que cualquier oferta de empleo sospechosa constituya automáticamente el delito. Para determinar responsabilidades será necesario acreditar los elementos establecidos en la legislación.

El objetivo es que las autoridades puedan investigar la captación de personas destinada a incorporarlas a actividades criminales.

Una reforma respaldada por todos los partidos

La propuesta obtuvo el respaldo de los grupos parlamentarios presentes en la votación.

Durante la discusión, legisladores de Morena, PAN, PT y otras fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para investigar el reclutamiento criminal.

La diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, señaló que la falta de una figura penal específica ha provocado que los casos sean investigados mediante distintos delitos.

Por su parte, legisladores del PAN destacaron el uso de falsas ofertas laborales y plataformas digitales como mecanismos de captación.

La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, llamó la atención sobre los riesgos que enfrentan menores de edad en entidades afectadas por la presencia de organizaciones criminales.

El consenso legislativo permitió que el dictamen fuera aprobado sin votos en contra.

¿Por qué importa?

La reforma busca atender un problema que involucra seguridad pública, derechos humanos y protección de la infancia.

Establecer un delito específico puede contribuir a identificar mejor las conductas de reclutamiento, facilitar su investigación y establecer sanciones diferenciadas.

Sin embargo, la aprobación de penas más altas no garantiza por sí sola una reducción del reclutamiento criminal.

Su efectividad también dependerá de la capacidad de las autoridades para detectar casos, proteger a las víctimas, investigar a los responsables y prevenir nuevas formas de captación.

Organizaciones especializadas en derechos de la infancia han señalado la importancia de acompañar las medidas penales con políticas de prevención, atención a víctimas y protección social.

Por ello, la aplicación de la reforma deberá analizarse tanto por sus resultados judiciales como por las acciones destinadas a reducir la exposición de niñas, niños y jóvenes a organizaciones delictivas.

Lo que sigue

Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue enviado al Senado de la República.

Los senadores deberán revisar el proyecto y determinar si lo aprueban en sus términos o realizan modificaciones.

Si concluye satisfactoriamente el procedimiento legislativo, el decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que sus disposiciones entren en vigor conforme a los plazos establecidos.

Hasta este 22 de octubre, la aprobación de la Cámara de Diputados representa un avance legislativo, pero las nuevas sanciones todavía no deben presentarse como una reforma plenamente vigente.

Fuentes consultadas

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Redacción Contexto 360
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